La corrección política para muchas cosas es un corset que evita traumas, pero que impide ser creativos. Los análisis que mayoritariamente se hacen sobre villas y asentamientos están desbordados de corrección política, incluso han construido un lenguaje propio, como si la pobreza, la injusticia y el dolor no fueran temas de todos. Nada más negativo.

Las villas y asentamientos son la emergencia en el territorio de circunstancias que preceden a su formación y expresan tres fracasos: a) en el desarrollo de todas las zonas del país, b) en el modo de planificar las ciudades y c), por supuesto, también en la desigualdad.

La exclusión es nuestra principal deuda como sociedad y nada debe importar más que luchar con todas las herramientas para construir una sociedad de ciudadanos plenos; esa condición es imposible en un hábitat degradado, irregular, sin servicios, en condiciones de hacinamiento y muchas veces sin control estatal alguno del territorio y de las pautas de convivencia.

El Poder Ejecutivo inició en 2016 un proceso para superar este drama. Se llevó adelante un relevamiento que incrementa el nivel de conocimiento de las más de 4000 villas y asentamientos existentes en el país y puso a consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley, para formalizar e integrar las villas y asentamientos a la “ciudad formal”. Es una verdadera epopeya, que requiere de múltiples actores y que justifica el esfuerzo que se propone.

La integración socio urbana mejorará la vida en las ciudades, hará más funcionales las pautas de movilidad, perfeccionará el mercado formal de vivienda, impactará positivamente sobre el mercado de trabajo, estimulará la inversión de las familias y mejorará la situación transgeneracional de nuestros niños más vulnerables, entre otras virtudes.

Es esencial el rol de los gobiernos locales, porque esos espacios están bajo su órbita y no todas las villas y asentamientos son regularizables – en algunos casos hay situaciones de riesgo que no deben consolidarse-; del mismo modo el de los gobiernos provinciales, ya que el proyecto plantea el cofinanciamiento de la infraestructura de servicios necesaria para la integración urbana. Por supuesto, es clave el rol de los ocupantes que deben comprometer su propio esfuerzo en un proceso que debe ser facilitado, pero no resuelto de un modo clientelar y, desde ya, el parlamento tiene que proveer al Ejecutivo una Ley útil, asumible financieramente, técnicamente sólida y que exprese la sensibilidad social y política que el tema genera.

Para que este hito no sea un intento fallido hay que completar la tarea: nuestras villas y asentamientos crecen producto de migraciones, fundamentalmente internas, y por tanto se debe avanzar con el Plan Belgrano – las migraciones del NOA y el NEA explican más del 50 % del crecimiento de villas y asentamientos-, para generar oportunidades allí, de modo tal que la migración sea una opción y no una condena. En segundo lugar, los asentamientos irregulares son la alternativa salvaje a los loteos populares o la generación de lotes con servicios en nuestras periferias urbanas; corresponde premiar y estimular fiscalmente a los municipios que generan entornos socio-territoriales planificados aptos para una vida digna.

Argentina tiene que salir de la trampa de los imposibles y poner manos a la obra. Ser un gran país es ser un país que contenga y les de posibilidades a todos. Para expresar todo nuestro potencial hay que terminar con los tabúes. Podemos hacerlo.